Rafael Urista de Hoyos / Historiador
ANTECEDENTE:
Para abordar los
acontecimientos de la segunda intervención francesa en México,---la primera fue
la llamada Guerra de los pasteles en 1838--- y el segundo imperio mexicano
---el primero fue el de Agustín de Iturbide en 1822---, nos remontaremos hasta
el 5 de febrero de 1857 fecha de la promulgación de la segunda Constitución que
dio origen a la Guerra de los tres años o Guerra de Reforma entre los partidos
liberal y conservador de 1857 a 1860, y posteriormente la invasión por parte de
la Francia de Napoleón III y con ella el Imperio mexicano de Maximiliano de
Habsburgo.
LA GUERRA DE REFORMA O DE TRES AÑOS.
“México es un país en
el que de vez en cuando estalla la paz”
dijo alguien para explicar el estado de convulsión permanente de nuestra
República. Si esto es así no tiene mucho
sentido hablar de una guerra de tres años en un país que ha vivido en guerra
continua con esporádicas explosiones de paz. Es conveniente, sin embargo,
llamar de alguna manera al conflicto armado que suscitó la Constitución de
1857, que los historiadores la han llamado guerra de tres años, pues comienza
en diciembre de 1857, con el golpe de estado de Ignacio Comonfort y termina en
diciembre de 1860, con la entrada en la capital de las tropas liberales del general
Jesús González Ortega.
El mexicano es un
hombre como otro cualquiera inclinado a vivir tranquilamente. Nuestra misma historia demuestra que el
mexicano no ha hecho las revoluciones y las guerras, sino que las ha
sufrido. No iban nuestros soldados
voluntariamente a las guerras civiles; los reclutaban de leva, los sacaban de
sus chozas, los arrancaban de su trabajo, les ponían un rifle en la mano y los
levaban a matar hermanos. No buscaban la
guerra y la destrucción los que tenían algo que perder, los que labraban los
campos, o ejercían el comercio, o se empleaban en alguna industria. Todos querían la paz; pero la paz era un don
que se les negaba.
LA CONSTITUCIÓN DE 1857.
El día 5 de 1857, se
promulgó la nueva Constitución General de la República, obra del Congreso
Constituyente, por la que se organizaba el país en forma de República representativa, popular,
federal. Comenzaba el nuevo código
político con una declaración de los derechos del hombre, en que se reconocían
las garantías de libertad, igualdad, propiedad y seguridad, así como la
soberanía popular. El Poder público se
divide en Legislativo, residente en la Cámara de diputados, pues el senado, que
se había hecho odioso, quedó suprimido; Ejecutivo, desempeñado por el
presidente de la República, cuyas facultades se restringen, asistido por cinco
secretarios de Estado; y el Judicial, que se encomienda a la Suprema Corte de
Justicia de la nación, jueces de distrito y magistrados de circuito. El país
queda dividido en veintitrés Estados encabezados cada uno por un gobernador, y
el Estado dividido en municipios liderados por un presidente municipal (no
alcalde como actualmente se les llama erróneamente) y un territorio, libres y
soberanos en cuanto a su régimen interior, sin más limitaciones que las señaladas por la misma Constitución, y
que se refieren principalmente a las relaciones internacionales. Los autores del proyecto de Constitución, que
fue aprobado con pocas modificaciones, se inspiraron principalmente en las
doctrinas de los tratadistas norteamericanos; pero sin olvidar los principios
de igualdad y fraternidad, proclamadas en la Revolución francesa.
De los principios
contenidos en el proyecto de la nueva
Constitución, desde el punto de vista de la Reforma, los más importantes
eran: La libertad de enseñanza y la
tolerancia de cultos. Esta
especialmente, fue ampliamente discutida, tanto fuera como dentro del
Congreso. Los debates, aunque muy
acalorados, se entablaron entre individuos de las mismas tendencias políticas,
ya que nadie estaba contra la tolerancia en principio y sólo se hacían
objeciones a la ley por creerse que el pueblo no estaba suficientemente
preparado para recibirla, o que no era conveniente destruir la unidad
religiosa; pero el clero no tuvo defensores en el debate. Por lo demás, tanto moderados como radicales,
se forjaban las más extrañas ilusiones; pues en tanto que los primeros temían
ver erigirse mezquitas y sinagogas; los últimos creían que el país se poblaría
instantáneamente de colonos extranjeros atraídos por la libertad de cultos.
CAMPAÑAS CONTRA
LA CONSTITUCIÓN.
Contra ella movió el clero toda clase de resortes: representaciones de
los obispos, corporaciones eclesiásticas y civiles, y aun de las damas más
distinguidas, se presentaron en el Congreso en todos los tonos. Apenas promulgada la Constitución que era mucho
más avanzada que la de 1824, el clero comenzó una campaña haciendo creer al
pueblo ignorante que el nuevo código atacaba la religión; y como se dictara una
ley para que todos los empleados y funcionarios públicos del país juraran
guardar y hacer guardar la Constitución, so pena de perder el cargo que
desempeñaran, el clero declaró excomulgados a todos los que cumplieran con ese
precepto, negando los sacramentos, aun en artículo de muerte, a quienes no se
retractaran del juramento.
Esto produjo una situación violentísima; pues el
espíritu de partido lo invadió todo, desterrando la paz de las familias,
llenando de dudas y congojas a los timoratos, que se hallaban en el terrible
dilema o de no comer, o de faltar a sus convicciones, turbando aun la agonía de
los moribundos. La inquina del clero
contra el gobierno, había aumentado debido a las publicaciones de algunas leyes
que contrariaban, según ellos, a sus privilegios, tañes como: la del registro
civil, la de cementerios, y la de obvenciones parroquiales, que prohibía se
cobrara a los pobres por bautizos, matrimonios y entierros.
GOLPE DE ESTADO.
Hechas la elecciones
conforme a la nueva Constitución, resultaron electos: para Presidente de la
República don Ignacio Comonfort, y para Presidente de la Suprema Corte, el
licenciado don Benito Juárez, tomando ambos posesión de sus respectivos cargos,
el primero de diciembre de i857. A
Comonfort, cuya madre era una posesiva católica, le parecía demasiada radical
la Constitución y creía que era imposible gobernar conforme a ella. Entonces, soñando siempre en la
reconciliación de los partidos, entró en tratos con los conservadores para
derogarla creyendo que debía convocarse a un nuevo congreso constituyente en
que estuvieran representadas todas las tendencias políticas, a fin de que
dieran un nuevo estatuto de acuerdo con el verdadero estado de la sociedad
mexicana.
Estas ideas fueron
las que originaron el plan político proclamado por el general Félix Zuloaga, en
Tacubaya el 17 de diciembre de 1857, plan aceptado por el presidente Comonfort
que así rompió sus títulos legales para convertirse en un vulgar
revolucionario, que se reducía para anular la Constitución debiendo continuar
Comonfort en la presidencia, y convocar al congreso que expediría la nueva
Constitución, de acuerdo con la idiosincrasia, costumbres y necesidades del
país.
La torpe conducta
política de Comonfort pretendiendo una conciliación imposible entre
conservadores y liberales, sólo sirvió para abrir un abismo más hondo entre los
dos partidos contendientes. El
conservador, después de aprovechar el golpe de Estado, desconoció a su autor, y
por medio de un pronunciamiento militar que estalló en Tacubaya el 11 de enero
de 1858, declaró presidente de la República al general Félix Zuloaga. Entonces Comonfort quiso volver sobre sus
pasos echándose en brazos del partido liberal; pero habiendo perdido en él todo
prestigio, y abandonado de sus soldados, tuvo que salir fuera del país,
poniendo antes en libertad al licenciado don Benito Juárez, Presidente de la
Suprema Corte de Justicia, a quien había aprehendido por considerarlo un
obstáculo para sus proyectos, por sus ideas liberales avanzadas. Ausente el
presidente Comonfort, correspondíale substituirle, conforme a la Constitución
del 57, a Juárez, quien en cumplimiento de ella se trasladó a Guanajuato donde
estableció su gobierno el 18 de enero de 1858, marchando luego a Guadalajara
Así quedaron frente a
frente dos gobiernos: uno conservador y otro liberal, pretendiendo ambos
dominar y ser obedecidos en todo el país.
El primero (el conservador) inauguró desde luego una política
francamente reaccionaria, derogando todas aquellas leyes que se consideraban
perjudiciales a los intereses del clero y el ejército; como la suspensión del
fuero, la desamortización de bienes eclesiásticos, la de obvenciones
parroquiales y otras. Al mismo tiempo
estableció el reclutamiento por medio de la leva, para formar un ejército
respetable, que puso a las órdenes del general don Luis Osollo.
(Continua en la segunda parte)
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