Rafael Urista de Hoyos / Historiador
El domingo 8 de junio de 1808, se hallaba el virrey Iturrigaray en la feria de
Tlalpan, cuando recibió la noticia de la caída de Godoy, su padrino y de quien era
hechura, y comprendió que el fin de su virreinato estaba próximo, por lo que se
preparó a resistir, y el 23 del mismo llegaron a México noticias aún más graves, de
las abdicaciones efectuadas en Bayona a favor de Napoleón, y del levantamiento
del pueblo español. Fue necesario pensar en resolver la anómala situación que se
presentaba. Los dos partidos existentes en la colonia: “el criollo y el español”,
aunque conformes ambos en no reconocer al rey intruso José Bonaparte, tenían
tendencias antagónicas.
Los criollos veían en los acontecimientos de España, una coyuntura favorable e
inesperada, para hacer a la colonia independiente so pretexto de guardar el reino
para Fernando VII en tanto que los españoles no querían que se implantara
innovación alguna en el gobierno del país, si no era por órdenes del que llegara a
establecerse en la metrópoli (en España).
El partido criollo estaba encabezado por fray Melchor de Talamantes. originario
de Lima, Perú, don Francisco Primo Verdad y Ramos, síndico del Ayuntamiento de
México y don Francisco de Azcárate, regidor de la misma corporación. El primero
era además revisor del “Diario de México”, y comisionado para estudiar los límites
entre la Nueva España y los Estados Unidos. Todos aceptaron las bases
formuladas por Talamantes, que consistían, en resumen, en reunir un congreso
general y proclamar la independencia, acomodándose subsidiariamente a las
instituciones de la metrópoli.
Fue el Ayuntamiento de la ciudad de México quien atrevidamente planteó el
problema, que nadie se atrevía a enunciar claramente, a propuesta de los
licenciados don Juan Francisco de Azcarate y don Francisco Primo Verdad y
Ramos, regidor y síndico, respectivamente, de dicha corporación, pidiendo que
esta tuviera por nulas las abdicaciones hechas por los reyes de España en favor
de Napoleón, y que mientras Fernando VII estuviera en el poder, o la Nueva
España elegía persona de la real familia que viniera a gobernarla, el virrey
continuara al frente del gobierno sin recibir órdenes de España, ni entregarla a
potencia alguna hasta en tanto que la colonia, representada por el Ayuntamiento
de la ciudad de México y las principales corporaciones, elegí rey, o quedaban
libres Fernando VII y Carlos IV. Aprobada esta propuesta, se dirigió el
Ayuntamiento al palacio virreinal, y entregó la resolución escrita a Iturrigaray, quien
la paso al real acuerdo. La audiencia comprendió desde luego que el aprobarla,
equivaldría a declarar la colonia independiente, ya que por entonces no se creía
probable que los reyes de España recobrasen su libertad, y se preparó a resistir,
resolviendo que nada debía de variarse en el gobierno de la colonia.
Pero las noticias de todos estos sucesos comenzaban a producir en la Nueva
España una agitación inusitada. Aparecían en los lugares públicos pasquines
injuriosos contra las autoridades y contra los españoles en general; circulaban de
manera misteriosa anónimos en que se lanzaban incitaciones a la revuelta; varios
pueblos de indios se negaban a pagar el tributo, porque decían que ya no tenían
rey, y no pocos ayuntamientos escribían a Iturrigaray, proponiendo enviar
representantes debidamente autorizadas, para que en una junta en la que estaría
representado todo el reino (la Nueva España), se decidiera lo que debía hacerse.
Las noticias del levantamiento general en España habían despertado un delirante
movimiento de simpatía en favor de Fernando VII, que se creía era el mejor de los
príncipes, engañado y aprisionado por Napoleón. Las multitudes le aclamaban,
llevaban su retrato o su monograma en los sombreros o en la solapa, y las
corporaciones preparaban solemnidades en honor suyo; pero aunque
aparentemente el sentimiento era unánime, criollos y españoles esperaban
explotar aquel entusiasmo en favor de sus particulares intereses.
El Ayuntamiento, con fechas 3 y 5 de agosto (estamos en 1808), dirigió nuevas
representaciones al virrey, insistiendo en que se celebrara una junta general de las
principales autoridades y corporaciones del reino, a fin de que se estableciera una
junta de gobierno, a semejanza de lo hecho en varios lugares de España, y el
virrey se manifestaba anuente a convocarla; pero pasó las representaciones a la
audiencia, las que desaprobó por completo, sin que esto fuera obstáculo para que
convocara a la junta el virrey, ya que tenía por cierto que el partido criollo lo dejaría
en el poder en tanto que, caído Manuel Godoy su protector en el gobierno
imperial, era seguro que cualquier gobierno que en España se estableciera, tarde
que temprano le quitarían el virreinato.
La junta se citó para el 9 de agosto. Ese día, reunidos el virrey, los oidores, los
altos dignatarios del clero secular y regular, los inquisidores, los títulos de Castilla,
y vecinos notables de la ciudad ---en conjunto unas ochenta personas que
representaban a las clases directoras de la colonia---, el virrey manifestó el objeto
de la reunión, y por indicación suya, tomó enseguida la palabra el síndico del
Ayuntamiento don Francisco Primo Verdad. Éste, en un largo discurso, manifestó
que en virtud por la situación por la que atravesaba España, por falta de sus reyes,
la autoridad había recaído en el pueblo, y por lo tanto éste, por conducto de sus
legítimos representantes, que eran los ayuntamientos, era quien debía conservar
estos dominios para cuando Fernando VII recobrara la libertad.
La conmoción que causó en la asamblea la atrevida propuesta del licenciado
Verdad, fue enorme. Los fiscales de la Audiencia la impugnaron, diciendo:
“nosotros estamos sometidos a la metrópoli; quien anda en ella con legítima
autoridad nos debe gobernar; no nos es permitido otro sistema”; y el inquisidor
decano, don Bernardo Prado y Ovejero, declaró en alta voz que la doctrina de la
soberanía del pueblo era herética y anatematizada, con lo que, excitado aquel
concurso, se disolvió la junta, sin tomar otro acuerdo que proclamar como rey a
Fernando VII; aunque citándose una nueva reunión para el 16 del mismo mes. No
se efectuó la junta citada para el día 16; pero en tal estado las cosas, llegaron a
México dos comisionados de la Junta Suprema de Sevilla, pretendiendo se
reconociera a ésta como soberana, lo que vino a complicar la situación, tanto más
cuanto que la Junta de Oviedo pretendía igual reconocimiento.
El virrey entonces convocó a nueva reunión para el 31 de agosto. Los debates
en esta y en el día siguiente fueron muy reñidos. El partido español se mostraba
inclinado en reconocer la Junta de Sevilla; pero los criollos se oponían ella en
razón de que la Junta de Oviedo exigía igual reconocimiento y se mostraban
inclinados en favor de la postura del virrey. Finalmente no se pudo llegar a ningún
acuerdo aplazándose la resolución y citando para otra asamblea para el día 9 de
septiembre.
Enardecidos los ánimos, la nueva junta fue desordenada y tumultuosa. El virrey
fingió querer renunciar, y el Ayuntamiento le rogó que continuara en el puesto; el
alcalde de corte don Jacobo Villaurrutia, criollo, había presentado extenso y bien
fundado voto, en el sentido que se convocara una diputación de todo el reino,
unas verdaderas cortes que sirvieran de cuerpos consultivos al virrey; que se
buscara la manera de mantener la paz, mandando emisarios a Napoleón, para
hacerle saber que América no estaba dispuesta a reconocer su señorío.
La discusión fue acalorada y en desorden, en el curso de ella, los criollos se
manifestaron de acuerdo con el parecer de Villaurrutia, y los peninsulares le
atacaron furiosos, pretendiendo que la celebración de cualquier junta era ilegal y
reformaba el sistema de gobierno establecido; por lo que no pudo llegarse a
ningún resultado práctico en aquella asamblea, que sólo sirvió para aumentar la
división entre unos y otros; pero lo que llevó al partido español al paroxismo, fue el
oír como el procurador de la ciudad decía: que si no se procedía a convocar el
congreso de las ciudades, ellas sólo lo formarían. Todo quedó pendiente para ser
resuelto en una nueva y enésima junta. Pero esta no se pudo celebrar porque los
oidores, viendo que el virrey favorecía al partido criollo decidieron, de acuerdo con
los comerciantes españoles más ricos, recurrir a los últimos extremos antes que
consentir con nuevas asambleas.
Continúa en la cuarta parte
