Rafael Urista de Hoyos / Historiador
Antes de continuar
adelante y para la mejor comprensión de los sucesos, nos parece conveniente
hacer notar que en el fondo de las luchas revolucionarias del México
independiente existía un malestar real provenientes de causas económicas, como
era la mala distribución de las riquezas, causas mal comprendidas por los
partidos que se disputaban la supremacía política del país, respaldados hasta
cierto punto por influencias extranjeras.
Los conservadores buscaban siempre el apoyo de las potencias europeas, especialmente
de España y el Vaticano, pretendiendo restablecer las formas de un gobierno de
privilegios semejante al sistema colonial, bajo la dirección del clero
católico. Los liberales buscaban la
ayuda y simpatía de los Estados Unidos, y como adoradores románticos de la
revolución francesa, tendían a poner en práctica los principios de libertad,
igualdad y fraternidad por ésta proclamados, y a la modernización del sistema
de gobierno, imitando la constitución angloamericana y algunas leyes francesas.
Casi simultáneamente,
los jefes de los partidos contendientes, Miramón y Juárez, lanzaron sendos
manifiestos, que puede decirse que no eran otra cosa, que los programas de la
política que pretendían seguir, por lo cual es conveniente analizarlos, aunque
sea de una manera sucinta. Miramón, en
el suyo de fecha 12 de julio ---estamos ya en el año 1859---, reconocía que se trataba de una verdadera revolución, y
que no era la lucha resultado de mezquinos intereses, sino de una gran
necesidad social; convenía en que no bastaban los triunfos militares para darle
fin, sino que era preciso formar un programa político, y creía que para
remediar los males del país, era suficiente con organizar de manera debida la
administración. Ofrecía mantener la
independencia y prerrogativas del clero; aunque reconociendo de hacer ciertas
reformas de acuerdo con él.
Más importante era el
manifiesto de Juárez del 7 de julio, firmado por sus ministros Melchor Ocampo,
Ignacio Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada; pues en él, después de mostrarse
dispuesto a sostener a todo trance la Constitución de 1857, hacía notar que los
principios liberales en ella sostenidos, no podían arraigar en la nación
mientras existieran los elementos de despotismo, hipocresía, inmoralidad y
desorden que los contrariaban; por lo que, para poner fin a la guerra fomentada
por el clero, y desarmar a éste, era preciso: hacer la separación de la Iglesia
y el Estado; suprimir las organizaciones de regulares (monjes y monjas);
extinguir las congregaciones religiosas; cerrar los noviciados; nacionalizar
los bienes del clero; declarar que la remuneración que dan los fieles a los
sacerdotes por sus servicios, era convencional (voluntaria de acuerdo a su
situación económica), y establecer la libertad de cultos.
Este programa, verdaderamente radical, fue
realizado totalmente por Juárez al expedir en Veracruz las “Leyes de Reforma”,
parte de las cuales estaban destinadas a castigar al clero por su intervención
en la política, y por haber ayudado con sus bienes al sostenimiento de la
guerra, favoreciendo a los conservadores.
No estará por demás advertir que esas leyes habían sido ya puestas en
práctica por el gobernador de Zacatecas, don Jesús González Ortega, con
anterioridad.
La desamortización de
los bienes decretados por Comonfort, había sido principalmente una medida
económica, que sólo indirectamente tendía a la reforma del clero, siendo su fin
principal, poner en circulación y hacer productivos los bienes de manos muertas
(las propiedades raíces del clero casi abandonadas y sin movimiento
productivo). Esta ley no había privado
al clero de su propiedad; pero en vista que éste se mostraba rebelde y
fomentaba la guerra, Juárez, como medida política para evitar la continuación
de ella, despojó al clero de sus bienes, declarándolos propiedad de la nación,
que es lo que se llama nacionalización de bienes eclesiásticos, por ley del 12
de julio de 1859.
Esta misma ley, la
más importante de las de la Reforma, establece:
la independencia entre la Iglesia y el Estado; la libre contratación de
los servicios que prestan los sacerdotes a los fieles; la supresión de las
comunidades religiosas de hombres, y de toda clase de cofradías y
congregaciones; la prohibición de establecer nuevos conventos y de usar hábitos
de las órdenes suprimidas; la clausura de los noviciados, y la aplicación de
las obras de arte, antigüedades y libros de conventos suprimidos, a las bibliotecas
y museos nacionales. A esta ley se
siguieron otras varias, cuya tendencia y espíritu eran análogos, y encaminadas
a acabar con el predominio e influencia del clero en la sociedad de entonces, y
que tendía a crear una verdadera teocracia.
Entre las más
importantes de esas leyes, se cuentan: la de ocupación de bienes eclesiásticos,
del 13 de julio; la del 23 del mismo, que declaró que el matrimonio era un
contrato civil, suprimiendo la intervención forzosa , en él, de los sacerdotes;
la ley del registro civil, del día 28 del mismo mes por la que el registro del
estado civil de las personas, queda a cargo de los organismos del gobierno; la
del 31 de julio, por la que se secularizaron los cementerios (secularización:
transferir bienes eclesiásticas al Estado); la del 11 de agosto, que suprimió
casi todas las festividades religiosas, y la del 4 de diciembre de 1860, que
estableció la libertad de cultos. La
legislación reformista continuó durante los gobiernos de Benito Juárez y
Sebastián Lerdo de Tejada, por lo que puede decirse, que la reforma iniciada
por la ley Juárez en 1855, fue obra de dos generaciones; pero con las leyes
expedidas en Veracruz, quedaron planteados y resueltos los principales
problemas, y se inició la modernización de la sociedad.
La exaltación de las
pasiones a consecuencia de la guerra había llegado a tal punto, que uno y otro
partido, con tal de ver aniquilado a su adversario, no vacilaba en solicitar la
ayuda del extranjero. Así los
conservadores, celebraron un tratado con España en París, el 26 de diciembre de
1859, por conducto de su ministro plenipotenciario, el general Juan Nepomuceno
Almonte, con el de la reina Isabel II, Alejandro Mon, por el que se hacían
concesiones indecorosas de daños y perjuicios a las familias de súbditos
españoles que habían perecido asesinados en el curso de nuestras guerras
civiles sólo con el fin de reanudar relaciones con España, a fin de solicitar
la ayuda para establecer un protectorado español. Este tratado quedó anulado
por la derrota de los conservadores.
Por su parte el
gobierno de Juárez no retrocedía ante la celebración de otro tratado firmado el
1º de diciembre de 1859, entre el plenipotenciario de los Estados Unidos Robert
Mc Lane y el ministro de relaciones juarista Melchor Ocampo (el tratado Mc
Lane- Ocampo) el cual implicaba una verdadera servidumbre internacional, y
graves peligros para la independencia de la patria, ya que se concedía al país
vecino el derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec; el
permiso de emplear fuerzas angloamericanas para la seguridad de las rutas; la
libre introducción de toda clase de mercancias y prácticamente la ocupación por
fuerzas estadounidenses de todo el Istmo;
Derecho de libre tránsito a perpetuidad desde Camargo y Matamoros u otro
punto del río Bravo por la vía de Monterrey, y desde Nogales u otro punto
fronterizo cercano hasta Guaymas por la vía de Magdalena y Hermosillo.
El diario londinense
“The Times”, opinó: “De ratificarse
definitivamente el tratado que se dice concluido en Veracruz, México pasa
virtualmente al dominio norteamericano”.
Por su parte la “Weekly Gazette”, publicación del Estado de Ohio, afirmó
en un tono irrespetuoso y por demás despectivo: “este extraordinario coloca a
México bajo el pupilaje de Estados Unidos y nos proporciona los beneficios de
la conquista y la anexión sin el costo, los riesgos y los perjuicios políticos
que resultarían de anexarnos a siete millones de individuos de una raza
“afeminada”, sin dignidad y miserablemente ignorante”.
Resumiendo: Benito
Juárez gravaba con servidumbre de paso a perpetuidad el suelo nacional, lo que
equivaldría a una enajenación, y prácticamente autorizaba la ocupación militar
de México por los Estados Unidos. En
otros términos, sometía al país a la dominación directa de los yanquis
angloamericanos. ¿Y todo eso por qué?
Por el simple, ineficaz e insustancial reconocimiento de su frágil
gobierno por los gringos, y, para culminar y completar la humillación al pueblo
mexicano, una miserable compensación de cuatro millones de dólares de los que
se pagaron dos y los otros dos se quedaron con los yanquis para futuras
reclamaciones. ¡¡Honor y gloria al gran benemérito!!
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