Paúl Garza Rodríguez / Analista Político
Estimado
lector o lectora, el próximo año se llevarán a cabo las elecciones para renovar
los 38 municipios del Estado de Coahuila, un proceso que pondrá a prueba la
paridad de género y la democracia en la entidad.
En esta
colaboración, me propongo hacer un análisis de los perfiles y cualidades que deberán
observar quienes quieran aspirar a la presidencia de sus municipios, así como
los retos y oportunidades que enfrentarán en el contexto de la reelección.
LA
PARIDAD DE GÉNERO
es un principio constitucional que busca garantizar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en el ejercicio del poder público.
Esto implica
que los partidos políticos deben postular al menos el 50% de candidaturas de
cada sexo en las elecciones locales, tanto en las fórmulas de mayoría relativa
como en las listas de representación proporcional.
Además,
deben garantizar que las mujeres no sean relegadas a los municipios o distritos
menos competitivos o con menor población.
Sin embargo,
la paridad de género no se reduce a una cuestión numérica o formal. También
implica reconocer y valorar las capacidades, experiencias y propuestas de las
mujeres que participan en la política, así como eliminar las barreras estructurales
y culturales que limitan su acceso y permanencia en los espacios de decisión.
Entre estas
barreras se encuentra la violencia política de género, que se define como “toda
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y
ejercida dentro del ámbito público o privado, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales
o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
La violencia
política de género puede manifestarse de diversas formas, tales como la
intimidación, el acoso, la difamación, la discriminación, la coacción, el
sabotaje, el hostigamiento, el abuso sexual o físico, entre otras.
Su finalidad
es impedir o restringir el derecho de las mujeres a ser votadas y a desempeñar
un cargo público en condiciones de igualdad con los hombres.
Esta
violencia afecta no solo a las víctimas directas, sino también al conjunto de
la sociedad, pues atenta contra la calidad de la democracia y la
representatividad.
Por ello, es
fundamental que las autoridades electorales, los partidos políticos, los medios
de comunicación y la ciudadanía en general adopten medidas para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia política de género.
Asimismo, es
necesario promover una cultura cívica basada en el respeto, el diálogo y la tolerancia,
que reconozca la diversidad y la pluralidad como valores democráticos.
En este
sentido, quienes aspiren a ocupar una presidencia municipal deben tener en
cuenta que su perfil y cualidades no solo deben responder a las demandas y
necesidades de sus comunidades, sino también a los principios y valores que
rigen nuestro sistema político.
LA
REELECCIÓN es un
derecho constitucional que permite a las personas que ocupan un cargo de
elección popular postularse para el mismo cargo por un período adicional,
siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y cuenten con el aval de su
partido político o se registren como candidatos independientes.
La reelección
tiene ventajas y desventajas para la democracia. Entre las ventajas se
encuentran la continuidad de los proyectos y programas exitosos, la rendición
de cuentas directa ante la ciudadanía, la profesionalización y la experiencia
de los servidores públicos, y la mayor competencia electoral.
Entre las
desventajas se encuentran el riesgo de abuso del poder y de los recursos públicos,
el desgaste y la corrupción de los gobernantes, el clientelismo y el cacicazgo,
y la menor renovación y alternancia en el poder.
Por ello,
quienes opten por la reelección deben demostrar con hechos que han cumplido con
su mandato de forma honesta, responsable, eficiente y eficaz, que han atendido
las demandas y necesidades de sus gobernados, que han respetado los derechos
humanos y las libertades fundamentales, que han impulsado el desarrollo
integral y sustentable del municipio, y que cuentan con el respaldo mayoritario
de la ciudadanía.
Asimismo,
deben evitar caer en prácticas antidemocráticas como el uso indebido de los
recursos públicos para favorecer su campaña, la coacción o compra del voto, la
difusión de información falsa o tendenciosa sobre sus adversarios, o el
desacato a las resoluciones de las autoridades electorales.
En
conclusión, las elecciones municipales del próximo año representan una oportunidad
histórica para consolidar la paridad de género y la democracia en Coahuila.
Para ello,
se requiere que las mujeres y los hombres que aspiren a ocupar una presidencia
municipal cuenten con un perfil y unas cualidades acordes con los principios y
valores que nos rige nuestro sistema político.
Asimismo, se
requiere que quienes opten por la reelección demuestren con hechos su capacidad
y legitimidad para seguir gobernando.
Finalmente,
se requiere que todas las personas involucradas en el proceso electoral actúen
con respeto, diálogo y tolerancia, y que ejerzan su derecho al voto de forma
libre e informada.
Solo así se
podrá construir un Coahuila más justo, más equitativo y más incluyente.
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