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Rafael Urista de Hoyos / Historiador
El 11 de enero de
1861, hizo su entrada Juárez a la ciudad de México, estableciendo en ella
nuevamente su gobierno, y procedió desde luego a expulsar a los representantes
diplomáticos de España, de la Santa Sede, de Guatemala y el Ecuador, que se
habían mostrado partidarios decididos de Miramón y los conservadores. Asimismo, desterró del país al arzobispo de
México monseñor Lázaro de la Garza y Ballesteros y a varios obispos,
produciendo estas medidas que contradecían algunos artículos de la Constitución,
una crisis en el gabinete y gran sensación en la sociedad; porque hasta
entonces los ministros extranjeros y los obispos eran vistos con gran respeto
de las clases sociales.
El partido conservador no disponía ya de recursos considerables ni de
ejércitos, ni de caudillos prestigiosos; pero no se daba por vencido, y gran
número de pequeñas partidas o guerrillas, recorrían el país al grito de
“Religión y Fueros” cometiendo las mayores depredaciones y excesos al mando de
jefes sanguinarios como juan Vicario, Buitrón, José María Cobos, Manuel Lozada
y otros semejantes. Las principales de
estas partidas, mandadas por el general conservador Tomás Mejía, se remontaron
a la “Sierra Gorda”, en Querétaro, y se apoderaron de Jalpam, sin que las
fuerzas del gobierno lograran exterminarlas, y a aquellas se incorporó el
general Félix Zuloaga, que, al ausentarse Miramón, se había vuelto a declararse
presidente, el 23 de mayo de 1861.
Por aquellos días fue aprehendido
en su hacienda de “Pomoca”, donde vivía con su familia retirado de la política
don Melchor Ocampo, por el guerrillero español Lindoro Cajigas, quien lo hizo
ir amarrado y a pie hasta Tepeji del Río, donde por orden de Zuloaga fue
fusilado, colgándose luego su cadáver en un árbol, como si se tratara de un
facineroso, el 3 de junio.
Este asesinato, cometido en la persona de un hombre filantrópico, de
honradez acrisolada, que a nadie había hecho mal, y cuyo único delito fue
profesar ideas liberales, causó indignación y horror en todo el país. Después de movimientos populares
tumultuarios, durante los cuales fueron destruidas imprentas de periódicos
conservadores y de vehementísimos discursos pronunciados en la Cámara de
diputados, a la que se llamó a informar al ministro de Relaciones sobre las
medidas tomadas por el gobierno para castigar el crimen, se concedió permiso a
Santos Degollado, a quien se procesaba por haberse apropiado de una conducta,
para tomar las armas, a fin de perseguir a los asesinos, y contra las
disposiciones terminantes de la Constitución se declaró a éstos fuera de la
ley, ofreciéndose una recompensa de diez mil pesos y el indulto a quien les
diera muerte.
Las fuerzas puestas al mando de Degollado, que habían salido en
pers ecución de los asesinos de Ocampo,
fueron completamente derrotadas por el coronel Buitrón, el 16 de junio, en el
Monte de las Cruces, cayendo prisionero el mismo Degollado, que fue fusilado
inmediatamente. Otra columna militar
salida de México con el mismo objeto, a las órdenes del general Leandro Valle,
fue igualmente derrotada el 23 de junio en el mismo lugar, por el general
Leonardo Márquez, quien, conforme a las instrucciones de Zuloaga, dispuso que
Valle, a quien se había hecho prisionero, fuera también pasado por las armas.
Después de estos combates, Márquez se presentó con sus fuerzas en la
capital de la República, entrando en la plaza de Buenavista por la garita de
San Cosme, en donde fue rechazado por el general Anastasio Parrodi. Perseguido Márquez por las fuerzas de
González Ortega, se vio obligado a presentar combate el 23 de agosto en
Jalatlaco, y fue derrotado por completo, perdiendo casi por completo todos sus
elementos de guerra; pero habiéndose rehecho, presentó nuevamente batalla,
unido a Zuloaga, con tres mil hombres, en Pachuca y Real del Monte, siendo
derrotados nuevamente estos jefes conservadores, por el general Santiago Tapia,
con lo que se dio por terminada la campaña, pues si quedaban algunas guerrillas
conservadoras, de poca importancia.
En diciembre de 1860 las fuerzas que defendían la causa de la
Constitución de 1857 y la Reforma derrotaron en Calpulalpan a las huestes
conservadoras, permitiendo al presidente Benito Juárez abandonar Veracruz e instalar
al gobierno de la República en la ciudad de México. Sin embargo, esto no
significó el fin de la guerra y mucho menos el sometimiento de todos los
individuos al imperio de la ley ni al gobierno constitucional; aunque los más
optimistas o los más empecinados, entre los que se encontraba el presidente
Juárez, creían que era oportuno empezar a aplicar las Leyes de Reforma, y un
nuevo gabinete intentaría retornar al momento modernizador interrumpido en 1857
por la guerra de tres años o de Reforma.
Las carteras ministeriales fueron distribuidas en la siguiente
forma: Pedro Ogazón en Gobernación,
Guillermo Prieto en Hacienda, Francisco Zarco en Relaciones Exteriores, Ignacio
Ramírez (el nigromante) en Justicia, Miguel Auza en Fomento y Jesús Gpnzález
Ortega en Guerra. También, para
normalizar la vida institucional en el país, se convocó a elecciones federales;
se elegirían, entre otras autoridades, al Presidente de la República, al presidente
de la Suprema Corte de Justicia y a los diputados que conformarían el Congreso
de la Unión.
La contienda electoral causó división entre los liberales, pues muchos
consideraban a Miguel Lerdo de Tejada (el auténtico creador de las Leyes de
Reforma) como el hombre de mayores méritos para ocupar la silla presidencial;
sin embargo, víctima de tifoidea, la muerte lo sorprendió el 22 de marzo de
1861 en su residencia de Tacubaya.
Entonces el general Jesús González Ortega se convirtió en el rival de
Juárez para contender por la máxima magistratura. Juárez ganó las elecciones por escaso margen
y González Ortega obtuvo la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, lo que
lo convirtió en el virtual vicepresidente de la República.
Mientras el liderazgo en la capital estaba en disputa, en varios puntos
del interior Félix Zuloaga seguía siendo considerado el auténtico primer
mandatario. Su causa era apoyada por
abundantes partidas armadas que comandaban Leonardo Márquez, Tomás Mejía, Juan
Vicario, Manuel Lozada y otros que causaban verdaderos trastornos a las
comunicaciones, la economía y la seguridad del país, ya que éstos mantenían
importantes posiciones alrededor de la capital, como las lomas de Tacubaya y
las poblaciones de Tlalnepantla, Cuautitlán y Teotihuacán. Ante esta situación
y haciendo a un lado sus diferencias con González Ortega, Juárez le entregó
todos los recursos que pudo reunir para que iniciara una intensa campaña sobre
Leonardo Márquez y demás cabecillas.
Cuando el dinero se terminó, el zacatecano González Ortega se negó a
continuar la lucha, sin haber logrado gran cosa contra los rebeldes
conservadores.
Y es que la guerra continua, el mayor problema del Estado era la escasez
crónca de dinero. En aquella época la
principal fuente de ingresos de la federación eran las aduanas marítimas, pero
el gobierno sólo podía disponer del quince por ciento de estos recursos, pues
el resto se hallaba comprometido para la amortización e intereses de la deuda
exterior. Para agravar la situación, los
impuestos producidos en el interior de la República tampoco llegaban a la
tesorería general, pues durante la Guerra de Reforma se autorizó a los Estados
cobrar las contribuciones federales y aplicar de forma discrecional esos
recursos en la lucha contra el ejército conservador. Concluida la contienda, las entidades
federativas se negaron a renunciar a esta prerrogativa,
Estando al frente del Ministerio de Hacienda, Guillermo Prieto propuso
una serie de medidas que permitirían iniciar una lenta recuperación económica,
pero encontró una oposición insalvable, ya que proponía disminuir los gastos
militares, reducir las pensiones, suspender por algunos años el pago de las
deudas publicas interior y exterior, y que el gobierno se asegurara por lo
menos cincuenta por ciento de los ingresos aduanales. Fueron muchos los que pidieron su remoción al
frente del ministerio.
La dimisión de Guillermo Prieto, ocurrida el 2 de abril (1861), no logró
apaciguar loa ánimos. Así, deseando dar
el ejemplo, el presidente Juárez promulgó dos decretos: el
primero reducía su propio sueldo de 36 mil a
30 mil peos anuales, y otro disminuyó el número de los ministerios. Para ese momento el erario estaba en franca
bancarrota, tanto que los policías no contaban con su sueldo, los hospitales no
contaban con los insumos necesarios para su funcionamiento ni con medicinas
para la atención de los pacientes (como ocurre actualmente), los directores
debieron empeñar sus objetos personales para dar de comer a los enfermos y
hasta el Congreso carecía de luminarias para alumbrara el salón de sesiones.
Continua en la séptima parte.
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