LA INTERVENCIÓN FRANCESA Y EL IMPERIO DE MAXIMILIANO (Décima Séptima Parte)

Rafael Urista de Hoyos / Historiador

Contaba Maximiliano, en el primer trimestre de 1865, con un ejército de sesenta tres mil trescientos hombres, formado de la manera siguiente:  veintiocho mil franceses; veinte mil mexicanos; ocho mil guardias rurales, seis mil austriacos y mil trescientos belgas; pero a pesar de todo, el país no se pacificaba, y los invasores no eran dueños sino del terreno que pisaban.  Bazaine, esperando exterminar al gobierno republicano, que iba peregrinando de lugar en lugar ante el avance de los invasores, mandó una expedición militar sobre Chihuahua, el 15 de agosto de 1865, viéndose Juárez obligado a retirarse a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

  Aunque la situación militar era favorable al imperio, ya que estaban ocupadas por los franceses y aliados casi todas las ciudades de importancia incluyendo la misma capital, tenía que luchar con grandes dificultades provenientes del clero y los conservadores, que habían contribuido a su fundación, y esperaban que el Emperador Maximiliano inaugurara una política netamente reaccionaria, derogando cuantas leyes y decretos habían sido dictados durante los gobiernos liberales, y habían encontrado oposición de parte de las autoridades eclesiásticas; pero Maximiliano, que como hemos dicho era un príncipe liberal, era imposible que siguiera las inspiraciones de los clericales, tanto más cuanto que comprendía que casi todas las Leyes de Reforma implantadas por don Benito Juárez, eran una verdadera necesidad del pueblo mexicano; por esto se inclinaba a celebrar un concordato---convenio solemne entre la Santa Sede y la autoridad suprema de un país, para reglamentar las relaciones mutuas entre la iglesia católica y el Estado--- con el Papa, poniendo al clero a sueldo del Estado, como en Francia, y manteniendo la ley de desamortización, revisando únicamente las adjudicaciones fraudulentas de bienes eclesiásticos.

  Estas ideas iban a estrellarse ante la intransigencia de los altos dignatarios de la iglesia mexicana, que no sólo se opusieron a ellas con todas sus fuerzas, sino que influyeron para que el Papa Pio IX las rechazara.  Por tanto, el clero y los conservadores, disgustados con Maximiliano, se tornaron enemigos de aquel régimen, que no salvaguardaba sus intereses, ni les permitía dar rienda suelta a sus deseos de venganza.  Así, cuando llegó el nuncio pontificio, monseñor Meglia, el 7 de diciembre de 1864, Maximiliano le trato lo del concordato; pero el delegado papal se negó a entrar en negociaciones, alegando que carecía de facultades para ello, pero exigiendo pura y simplemente la derogación de las leyes de desamortización.

  Entonces Maximiliano, como contestación a la actitud de altanería y de soberbia del nuncio apostólico, promulga varios decretos reformistas; uno declarando la religión católica, religión del Estado y asegurando la tolerancia de todos los cultos; otro encargando al consejo de Estado que revise las actas de desamortización y nacionalización de bienes eclesiásticos, revalidando los que sean regulares; otro obligando a los eclesiásticos a prestar sus servicios gratuitamente, y otro, en fin, sujetando las bulas y breves pontificios al pase del ministro de justicia.  Es la reforma y justificación de Juárez y los liberales.  Después de estas medidas, el clero, que había creído levantar un imperio católico que les devolvería todos sus antiguos privilegios, frustradas sus esperanzas, comienza contra Maximiliano una verdadera campaña.

  Pero no son estas las únicas dificultades con que tropieza el emperador, sino que a ellas se agregan las económicas, ya que no había sido posible arreglar la hacienda pública, por las exigencias de Francia y las diferencias y dificultades que surgían a casa paso con el mariscal Bazaine, que a veces desobedece abiertamente las órdenes de Maximiliano, y pretende imponer su parecer aun en asuntos administrativos locales, por lo que Maximiliano acaba pidiendo su relevo.  Maximiliano se queja de que por culpa del mariscal no se haya podido organizar un ejército mexicano, a pesar de todos sus esfuerzos, y se lamenta del “sistema árabe de hacer fantasías militares” aplicado por Bazaine en la prosecución de la guerra.

  Bazaine, haciendo creer al emperador que el país estaba enteramente pacificado, y que Juárez había cruzado la frontera americana, desapareciendo, por lo tanto, su gobierno, consiguió que firmara el famoso decreto del 3 de octubre de 1865, que condenaba a muerte, dentro de veinticuatro horas, a todo el que fuera cogido con las armas en la mano, cualquiera que fuera la causa política que defendía, así como a sus cómplices y encubridores.  A esta ley, acompañó Bazaine una circular confidencial, fechada el 11 del mismo mes, en que ordenaba a sus tropas que no se hicieran prisioneros y que todos estos debían ser fusilados.

  Pronto tuvieron su aplicación tan bárbaras medidas, en personaje distinguidos del partido liberal.  El general José María Arteaga, fue sorprendido junto con otros jefes y oficiales, en Santa Anna Amatlán el 13 de octubre por el general imperialista Ramón Méndez mientras pernoctaba en ese lugar, muy ajeno y sin sospechar que ya un subordinado suyo, traidoramente, daba aviso al general Méndez de su ubicación.  El general Arteaga fue hecho prisionero junto con el general Carlos Salazar, dos coroneles y un capitán, y fusilados sin formación de causa ocho días después en Uruapan.  Estos fusilamientos produjeron una conmoción general en la sociedad, y aumentaron el odio contra el gobierno imperrial sostenido por las bayonetas extranjeras.

  Napoleón III, al plantear la aventura mexicana, que según él debía de dar el predominio de la raza latina en América, había tenido en cuenta que los Estados Unidos se debatían en la guerra de secesión de los Estados del sur, que tenía por origen, entre otras cosas, la libertad de los esclavos; y suponía que, abstraídos nuestros vecinos en aquella lucha colosal, que requería toda su atención y todos sus recursos, no estorbarían la política de Francia en México; pero una vez terminada la guerra las cosas tendrían que cambiar y cambiaron en efecto.  El 4 de agosto de 1865, el ministro norteamericano en París, presentaba una nota al gobierno de Napoleón III, reclamando la concesión otorgada por el gobierno de Maximiliano, al doctor Gwin, ciudadano de los Estados Unidos, para colonizar en las márgenes del Río Bravo; porque, habiendo sido dicho doctor uno de los principales separatistas, se temía que organizara aquella colonia para reanudar la guerra.

  A esta nota siguió otra aún más grave y trascendental, girada por Mr. Seward, ministro de relaciones de los Estados Unidos, al gobierno imperial francés, con fecha 6 de diciembre de 1865, contestando a las pretensiones de Napoleón III, de que el gobierno americano reconociera al de Maximiliano.  En esta nota se asienta que:  “La verdadera razón del descontento de los Estados Unidos consiste en que el ejército francés, al invadir México, ataca a un gobierno republicano, profundamente simpático a los Estados Unidos, y elegido por la nación, para reemplazarlo por una monarquía que, mientras exista, será considerada como una amenaza a nuestras propias instituciones republicanas”, y se pide luego la retirada de las tropas francesas de nuestro país.

  Mientras tanto don Benito Juárez con su gobierno itinerante ahora en la ciudad de Chihuahua, expide hoy dos decretos: El primero declaraba que debido a las circunstancias por las que atravesaba el país y el estado de guerra contra el imperio francés, prorrogaba el período presidencial hasta que fuese posible efectuar elecciones presidenciales; el general Jesús González Ortega, el licenciado Manuel Ruiz y el general Epitacio Huerta, protestan el decreto.  El l segundo decreto destituye al general González Ortega como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el supuesto delito de haber abandonado el servicio militar al dirigirse a los Estados Unidos (aun cuando el mismo Juárez le había concedido licencia para efectuar ese viaje).

  En realidad lo que motivó a Juárez, asesorado por el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, a expedir los decretos, fue la circunstancia que al terminar su mandato presidencia en noviembre de 1865, y no queriendo dejar el poder que por ministerio de ley constitucional le correspondía al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era precisamente el general González Ortega, planeó una maniobra política decretando lo anteriormente expuesto y así, recurriendo a una violación constitucional, eliminar el obstáculo que le impedía  conservar el poder.

  Hay que recordar que don Benito Juárez tomó el poder en forma interina por ser precisamente el Presidente de la Suprema Corte al ocurrir el golpe de Estado del mismo presidente Ignacio Comonfort (en enero de 1858), período que terminaba en noviembre de 1861 y que fue prorrogado por el Congreso por un período que terminaba en noviembre de 1865 debido a la intervención de los franceses; Juárez violó la Constitución y convirtió en ese momento su presidencia en una usurpación.  Poco después de estos sucesos y al enterarse Juárez que el comandante Billot salía de Durango rumbo a Chihuahua, deja esta población y vuelve a Paso del Norte con sus ministros.