La corrupción es uno de los problemas más graves que enfrenta México en la actualidad.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México se ubica en el puesto 124 de 180 países evaluados, con una puntuación de 29 sobre 100.
Lo anterior significa que México es percibido como uno de los países más corruptos del mundo.
Uno de los ámbitos donde la corrupción se manifiesta con mayor frecuencia es en el manejo del presupuesto público.
El presupuesto público es el conjunto de ingresos y gastos que realiza la Federación, el Estado y el Municipio para cumplir con sus funciones y atender las necesidades de la población. Léase bien: la población.
Sin embargo, en México, el presupuesto público se ha convertido en una fuente de enriquecimiento ilícito para muchos funcionarios, políticos y ‘aviadores’, que lo utilizan para beneficio propio o para favorecer a su grupo exclusivo de amigos, sumisos, serviles y aliados políticos.
Los casos de corrupción presupuestal son numerosos y escandalosos.
Las denuncias ahí están registradas y ahora que todo se googlea, sin necesidad de descubrir el hilo negro, dan cuenta de un trafique de recursos e influencias en obras públicas sin licitación o adjudicación directa a negocios y empresas previo arreglo turbio con el poder en turno.
No se diga de los desvíos disfrazados de convenios en apoyo a programas de salud, educación y asistencia social, sin comprobar si llegó al destino al cien ni medir el impacto que supuestamente produjo este beneficio al sector por el cual se implementó.
En gobiernos anteriores se autorizaban contratos a empresas que surgían de la noche a la mañana, y así como tal, se esfumaban para no dejar rastro alguno, que en su mayoría eran operadas por afines al poder a manera de prestanombres.
Estas prácticas de corrupción presupuestal frenan, estancan y pudren el desarrollo económico y social en todo el país, el estado y el municipio.
Por un lado, implican una pérdida de recursos públicos que pudieron haberse destinado a sectores prioritarios como la salud, la educación, la seguridad e infraestructura general.
Por otro lado, generan una descarada asignación y ejecución del gasto público para favorecer a unos pocos en detrimento de muchos que son la mayoría.
Además, decepcionan la confianza ciudadana en las instituciones, definitivamente, la democracia misma por la cual llegaron, se les pierde la fe y la esperanza, no solamente como candidatos o candidatas, que una vez lo fueron, sino lo más valioso de un ser humano: su palabra empeñada.
Mientras tanto, el pueblo mexicano sufre las consecuencias de la corrupción.
La mayoría de las familias mexicanas viven en condiciones de pobreza o diciéndolo más leve: en vulnerabilidad económica; no tienen acceso a servicios públicos de calidad, viven al día y la falta oportunidades de un empleo bien remunerado no les permite la estabilidad y la mejoría que anhelan.
¿Qué se requiere?, pues un verdadero cambio en el manejo del gasto público.
Para empezar, una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, quienes disponen del gasto público de manera arbitraria y subjetiva.
¿Qué pasa si no se transparenta, no se rinden cuentas y se hace mal uso de los recursos públicos?, pues que se denuncie y se penalice con fundamento los actos de corrupción presupuestal. Es tan complicado hacerlo?.
Para la instancia que le toque esta tarea, le representa una alta responsabilidad y el compromiso insobornable e intachable de combatir la corrupción sin amiguismos, ni compadrazgos, ni favores políticos. Cero tolerancia a la corrupción.
Es hora de que los servidores públicos se pongan al servicio del pueblo y no de sus intereses y ambiciones personales. No se necesita ser un especialista en números o un contador profesional, para hacer un manejo honesto, eficiente y equitativo de los recursos públicos.
Es hora de que el presupuesto público sea destinado para mejorar la calidad de vida de los habitantes y deje de ser un botín para engrosar nóminas, sea saqueado por quienes arriban al poder por el voto comprado para su enriquecimiento personal y engorden a los parásitos del poder en turno, ya conocidos por sus “modus vivendi” bajo el amparo de los puestos públicos.
0 comentarios:
Publicar un comentario