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Rafael Urista de Hoyos / Historiador
I.
El
27 de mayo (1861) fue enviada para su examen una iniciativa elaborada por José
María Castaños, la cual planteaba la suspensión de pagos de las deudas interior
y exterior. La Cámara de Diputados, tras
una intensa discusión, aceptó que se suspendieran temporalmente los pagos de la
deuda interna, pero no los de la externa.
Los
montos de la deuda externa eran $82,316.290.85 a Inglaterra; $69,994.542.54 a
Francia, incluyendo el crédito que el banquero suizo Jecker le hizo al general
Miramón; $9,460.986.29 a España.
Haciendo un total de $161,771.819.68. Sin embargo, la situación era insostenible y
el 17 de julio fue necesario promulgar un nuevo decreto declarando la moratoria
de los pagos de la deuda externa.
La situación interna de los Estados Unidos, donde ya se
libraban los primeros combates de la Guerra de Secesión, habían animado al
gobierno de Juárez a dar el peligroso y grave paso de suspender el pago de la
deuda a las potencias europeas, pues estimaban y daban por seguro que los
norteños derrotarían en un corto plazo a los surianos y acrecentarían de tal
manera su poder que los europeos no se atreverían a violar la “Doctrina Monroe”
atacando a México.
Por añadidura, para
aumentar el interés que pudieran tener (los angloamericanos), Juárez,
irresponsablemente e incurriendo en un acto de traición, les ofreció los
derechos mineros de Baja California, Chihuahua, Sonora y Sinaloa como garantía
para obtener cinco millones de dólares en un préstamo que debía ser pagado en
un término de seis años, y de no saldarse (asombroso) los cuatro Estados
pasarían al dominio absoluto de los Estados Unidos. Afortunadamente para las y los mexicanos, la
guerra civil angloamericana se alargó por más de cuatro años y los planes de
Juárez y sus corifeos, respecto de la Doctrina Monroe y sus “ofrecimientos
territoriales”, se vieron totalmente frustrados.
La medida de la
moratoria de pagos fue muy mal recibida por los acreedores extranjeros. El
ministro inglés Charles Wyke, así como el francés Alphonse Dubois de Saligny,
dirigieron notas muy agresivas al gobierno mexicano exigiendo la derogación del
decreto de suspensión. Fijaron como
plazo para atender su demanda el 25 de julio a las cuatro de la tarde; de no
cumplirse, el intercambio diplomático entre México y sus respectivas naciones
quedaría roto. Al no obtener la
respuesta que esperaban, ambos ministros arriaron las banderas de sus
legaciones, acto que simbolizaba la suspensión de relaciones. Daba comienzo uno
de los más graves incidentes internacionales que había vivido México y que
derivaría en la intervención francesa y el segundo imperio.
Por su parte, la
crisis política alcanzaba su punto mas álgido en septiembre de ese año de
1861. Juárez no contaba con la simpatía
del Congreso, en el cual abundaban los partidarios del extinto Miguel Lerdo de
Tejada y los simpatizantes de González Ortega; 51 diputados solicitaron su
renuncia a la Presidencia. Sí esto
hubiera ocurrido, su lugar lo hubiera ocupado González Ortega, quien había
tomado protesta como Presidente de la Suprema Corte de Justicia el 21 de
agosto. Por fortuna para don Benito 54 diputados
elevaron una representación al Ejecutivo solicitando su permanencia en el
cargo; el ladino Juárez compró los diputados que le hacían falta estableciendo
con su acto de corrupción un ejemplo que fue emulado por los actuales
“cuatreros”.
Desde principios del
año 1861 juárez se vio obligado a expulsar del país a algunos diplomáticos
extranjeros que abiertamente habían favorecido al gobierno conservador. También se desconocieron, por ilegales, los
acuerdos y deudas contraídos por los gobiernos de Félix Zuloaga y Miguel
Miramón. La determinación de Juárez,
aunque no carecía de razones, provocó su aislamiento internacional y dio pie a
los enemigos extranjeros de México para justificar la agresión que verificaron
en 1862. Desde el 31 de octubre de
1861, por la información traída por un vapor inglés, en México se tuvo noticia
de que España, Inglaterra y Francia habían decidido ejecutar una acción armada
contra nuestro país en reclamo de sus intereses financieros y para satisfacción
de los agravios que, aseguraban, habían sido cometidos en contra de su dignidad
por el gobierno mexicano.
Sin dinero, con
partidas de rebeldes conservadores en varios puntos de la República, sin
hombres capacitados en el manejo de las armas, con la opinión pública
internacional en contra, con intrigas políticas en el seno del propio partido,
caciques renuentes a obedecer o esperando la oportunidad para ocupar su puesto,
en el interior de la República los grandes caciques regionales como Manuel
Doblado, en el Bajío; González Ortega, en Zacatecas y San Luis Potosí y
Santiago Vidaurri en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, desafiaban
constantemente la autoridad de la capital sin que el Presidente pudiera
someterlos; ¿Qué podía hacer Juárez para organizar la defensa de la patria?
Para poner a la
nación en posibilidad de ofrecer resistencia, el Presidente de la República
necesitaba con urgencia el apoyo de todas las entidades federativas y de los
grupos y facciones distanciadas del gobierno por diversas circunstancias. En busca de la unidad dirigió correspondencia
a varios de los gobernadores e inició una política de reconciliación
proclamando una amnistía que comprendía a buena parte de los conservadores que
se mantenían en pie de guerra, a excepción de los más recalcitrantes. También se integraron juntas militares en la
capital y en Veracruz para que prepararan la defensa del territorio,
autorizando también la formación de guerrillas
Las primeras
provisiones de orden militar estaban dadas; respecto a las medidas políticas,
la cosa se veía más complicada. Juárez
buscó un nuevo ministro de Relaciones Exteriores; propuso el cargo a Francisco
M. Olaguíbel, Sebastián Lerdo de Tejada y Manuel Dublán, pero sin éxito. Llamó entonces a Manuel Doblado. El guanajuatense llegó a la capital el 6 de
diciembre y exigió a Juárez le permitiera nombrar al resto del gabinete y otros
puestos clave, sin importar quienes pudieran ser agraciados con la designación. En cuanto a la política, se debía obrar de
forma enérgica y hasta dictatorial. El
Presidente se resistió al principio, pues esto convertía a Doblado como una
especie de primer ministro, y con ello en jefe de gobierno. No obstante, ante
la gravedad de las circunstancias había que actuar con desprendimiento. El arreglo del gabinete presidencial
significó un gran sacrificio para don Benito, pero gracias a eso se consiguió
un mínimo de unidad política que permitió comenzar a desarrollar el plan de
defensa de la República.
Cuando Juárez asentó
su gobierno en la capital de la República, desconoció los tratados celebrados a
nombre de México por los conservadores, puesto que habían sido concertados por
un gobierno ilegítimo. Esta acción aunque
apegada al derecho de gentes, junto con la suspensión de pagos de la deuda
externa, fue muy mal recibida en el exterior.
La prensa europea calificaba a México de salvaje e ingobernable y
afirmaba que por pura obstinación se negaba a hacer frente a sus obligaciones
pecuniarias con sus acreedores. En las
Cámaras de representantes de España, Francia e Inglaterra se discutía la
necesidad de emprender una misión civilizadora que nos librara de la
anarquía. Se comenzaba a construir el
ambiente propicio para una intervención.
La intervención de
las potencias en México se había presentado al mundo como un asunto meramente
financiero, por ello en la Convención de Londres, firmada por España, Francia e
Inglaterra el 31 de octubre de 1861, se acordó que no ejercerían “en los
asuntos internos de México ninguna influencia que pueda afectar el derecho de
la nación mexicana de elegir y constituir libremente la forma de su gobierno”. Sin embargo, en nuestro país la noticia causó
alarma por ese párrafo en el que “permitían” que el pueblo decidiera la forma
de gobierno que más le conviniese, lo cual implicaba que en México no había un
gobierno legítimo, que la guerra civil y el triunfo de la República no
significaban nada para aquellas naciones.
Fue entonces que todas las facciones políticas se dieron cuenta de que
la soberanía nacional se hallaba en peligro y se dispusieron a brindar su apoyo
al Presidente Benito Juárez.
Continua en la octava parte.
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