EDITORIAL
La situación
hoy en la frontera entre Estados Unidos y México es dramática. Miles de
personas que huyen de la miseria, la violencia y la opresión en sus países de origen,
sobre todo de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Guatemala y Honduras, han llegado
hasta ahí con la esperanza de encontrar una oportunidad en el país del norte.
Pero se han
encontrado con un muro de rechazo y hostilidad. La Administración Biden no solo
ha movilizado tropas a la frontera sino que ha advertido que devolverá a México
a todo aquel que cruce de forma irregular su territorio. Esto se debe al fin
del Título 42, una norma que permitía expulsar inmigrantes por motivos de salud
pública debido a la pandemia del Covid 19.
El Título 42
fue establecido por el gobierno de Trump en Marzo de 2020 y desde entonces se
ha aplicado más de 2.8 millones de veces para deportar a los migrantes. El
gobierno de Biden anunció en Enero que pondría fin a esta medida, pero su
decisión ha generado una fuerte polémica política y social.
Mientras los
defensores de los derechos humanos y algunos demócratas celebran el fin del Título
42 como una forma de restituir el derecho al asilo, los republicanos y otros
sectores lo cuestionan como un error peligroso que empeorará la inseguridad y
el desorden en la frontera ante la llegada masiva de inmigrantes.
Lo cierto es
que el fin del Título 42 no implica una apertura total de la frontera ni una
garantía de asilo para todos los migrantes. El gobierno de Biden ha implementado
nuevas medidas para limitar el acceso al asilo, como el uso de brazaletes electrónicos,
multas y procesos judiciales. Además, ha solicitado a México que refuerce su control
migratorio y le ha ofrecido ayuda económica y humanitaria para enfrentar la
crisis.
Pero estas
medidas no son suficientes para evitar una verdadera tragedia humanitaria. Miles
de familias con niños siguen cruzando el río sin saber nadar y atravesando el
desierto bajo temperaturas infernales, sin refugio, ni agua, ni comida a su
alcance. Muchos sufren la violencia, el abuso y la explotación de las redes criminales.
Otros mueren en el intento o desaparecen sin dejar rastro.
La situación
que vivimos es solo un reflejo del drama que padecen estos seres humanos que
escapan de la pobreza, la violencia y la represión en sus países de origen. No
podemos cerrar los ojos ante su dolor ni cerrarles las puertas. Necesitamos una
respuesta integral y solidaria que reconozca su dignidad y sus derechos.
Estados Unidos
tiene la responsabilidad moral e histórica de liderar esta respuesta, pero no
puede hacerlo solo. Se requiere un esfuerzo conjunto con México y los países
del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y el Salvador), así como con otros
actores internacionales, para abordar las causas estructurales de la migración
y ofrecer alternativas legales y seguras para quienes buscan protección.
No podemos
permitir que la situación se repita. No podemos permitir que la frontera se
convierta en un cementerio. No podemos permitir que el sueño americano se
convierta en una pesadilla.
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